Ante el impacto en la opinión pública casanareña, por el video que muestra al , representante legal de la empresa Ingenicontec, Nelson Javier Suescún, haciendo un recuento, de cómo, presuntamente, se habría acordado la repartición de coimas, en el contrato para la colaboración estratégica, para solucionar los problemas de contaminación con las aguas residuales de Yopal, elrelatordelllano.com, hace un resumen de lo que se ha conocido hasta el respecto, de este caso, al cual hace seguimiento La Contraloría General de la República.
Nelson Javier Suescún, representante legal de la empresa de transferencia tecnológica, para la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio y quien se conoció, meses atrás en un acto público, en un coliseo del sector de Llano Lindo, con los detalles y supuestas ventajas, para la ciudad de dicha colaboración estratégica y en esos momentos, parecía que la cuestión era benéfica para la ciudad, pero hoy está en los ojos de muchos colombianos, por el famoso y controversial video.
Si bien el video, deja muchos aspectos cuestionables – en evidencia-, también es cierto que hay apartes donde no es audible y en la parte que muestra las cifras del pizarrón, es borrosa.
Deberá contarse con un especialista en videos, para que lo evalúe a fondo y diga, todo lo que corresponda a la fidelidad de lo que allí se publica o si hay alguna edición o cualquier posible manipulación, de quienes lo hicieron llegar al ente de control.
El contrato se suscribió por más de $305 mil millones a 30 años y tenía ya críticas de algunos sectores, porque no se hizo públicamente y porque no había claridad en varios documentos.
A esto respondió en su momento el gerente Jairo Bossuet Pérez Barrera, gerente de la EAAAY, que este contrato se había hecho, teniendo, claro que la empresa se regía por derecho privado y por lo tanto podía hacerlo de la manera que considerara mas adecuada.
En el video, el contratista dice que se les va a repartir “caramelo” al Alcalde Luis Eduardo Castro, al gerente de la empresa EAAAY, Jairo Bossuet Pérez Barrera, al representante Hugo Archila y a Manolo Pérez, ex director jurídico de la Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal.
Las coimas tendrían un valor de 9 millones 500 mil dólares, que se repartirían a las personas antes mencionadas.
El caso fue conocido inicialmente por la Contraloría departamental de Casanare y luego llegó a la Contraloría general, que informó que su papel en este caso es identificar y analizar los riesgos al patrimonio público, derivado de la suscripción de los contratos mencionados.
El contralor departamental, Cipriano Castro, presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, por este caso, puntualmente contra el contrato y obviamente vincula a las personas que son mencionadas, en este video.
El caso es delicado y lo que se habla en este video, va a ocupar la atención de las autoridades de control, por los siguientes meses.
Al respecto la Contraloría general de la República, asegura, que por ahora no hay detrimento patrimonial, por cuanto no se ha presentado desembolso de recursos y que al respecto hay 9 denuncias, hechas llegar a esa dependencia, por diferentes fuentes.
Explica el ente de control que ha hecho seguimiento especial a este contrato, luego de decretar intervención funcional de oficio sobre unos objetos de control fiscal de la Contraloría Departamental de Casanare.
Frente a todo lo que se ha dicho con las denuncias y publicaciones de presuntas irregularidades en la suscripción de dicho contrato, se refirió que es el No. 811.14.01.00148.22 de 2022, suscrito entre la EAAAY y la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A.S. -INGENICONTEC S.A.S. que tiene por objeto, la transferencia tecnológica de la PTAR existente con tecnología KWI para un QM.
Agregó que, desde principios del mes de octubre de 2022, la CGR inició análisis de información derivada de denuncias ciudadanas de la situación de dos contratos suscritos por la EAAAY, con firmas privadas.
Esto corresponde uno al Contrato No. 811.14.01.00147.22 de 2022 Referente a la construcción de una plata de aprovechamiento de residuos sólidos y su operación por un periodo de 25 años.
Y otro Contrato es el No. 811.14.01.00148.22 de 2022 Referente a la construcción de una planta de tratamiento de agua residual y la operación del sistema durante 30 años.
Consecuencia de lo anterior, el 12 de diciembre de 2022, mediante Resolución CGR-ORD-80112-1413-2022, la Contraloría General de la República decretó la intervención funcional de oficio sobre unos objetos de control fiscal de la Contraloría Departamental de Casanare.
Esta resolución habilitó a la CGR para ejercer control fiscal sobre los contratos mencionados.
La Intervención Funcional mencionada da origen a un Seguimiento Permanente en el marco de las funciones de control concomitante y preventivo de la CGR, que está siendo ejecutado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.
El día 26 de enero de 2023 se instaló el seguimiento permanente a estos contratos, el cual se encuentra en etapa de ejecución.
Adicionalmente, la Contraloría Departamental de Casanare, con fundamento en la intervención funcional de oficio decretada trasladó a este Ente de Control 9 denuncias, el día 27 de enero de 2023.
En el marco de la atención de estas denuncias por parte de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, se dio respuesta de Trámite, el 15 de febrero de 2023, a cada uno de los peticionarios indicando que la respuesta de fondo está prevista para ser comunicada a más tardar el 9 de junio de 2023.
Finalmente, se indicó que las acciones de la Contraloría General de la República, en el marco de sus competencias, han estado encaminadas a identificar y analizar los riesgos al patrimonio público, derivado de la suscripción de los contratos mencionados, para lo cual se tendrá en cuenta toda información y evidencia que se recaude en el curso del seguimiento permanente que actualmente ejecuta esta entidad.
Lo anterior se puso en conocimiento de la opinión pública y se insta a los demás órganos de control para que, en el marco de sus competencias, actúen de acuerdo con los hechos que son de conocimiento público.
Esas las precisiones que hace la Contraloría general de la República que se pronunció, ante la filtración de dicho video a los medios de información y redes sociales, por lo que se supone, pudo ser por apresuramiento, de algún dependiente de la Contraloría departamental de Casanare.
Luego vienen las reacciones de quienes creen que todo está dicho y que es un hecho de intento de utilizar los recursos públicos, para beneficios particulares y quienes creen que el tema puede ser político, por la llegada de las elecciones.
Llama la atención la publicación de una fotografía, en un medio virtual, que muestra al Contralor, Cipriano Castro, saludando efusivamente al ex representante José Rodolfo Pérez, El Negro Pérez, personaje, casi mítico de la política en este departamento.
Ahí se hacen muchos comentarios, sobre de donde podrían provenir, los intereses, por divulgar este video y se generan muchas suspicacias al respecto, pero lo cierto es que esto, no interrumpe las investigaciones, que adelantan ya las entidades a las cuales se compulsó copia del video y de todas las denuncias.
Por ahora quienes son mencionados, en el caso, guardan prudente silencio, tienen claro, que se les debe respetar el debido proceso y pareciera, que algo de esto ya se ha violado, con las filtraciones de información que debiera tener reserva, mientras se resuelve a fondo el caso.
Difícilmente el alcalde o el gerente de la EAAAY, van a hacer declaraciones al respecto y por esto enelrelatordelllano.com, se decide esperar a que llegue el 9 de junio y que la CGR, se pronuncie a fondo, sobre este caso que hace recordar las épocas del fallecido Miguel Angel Pérez Súarez y su famoso video que lo sacó del cargo.