Tomado de Portafolio
La Contraloría General de la República informó que, tras una auditoría de cumplimiento realizada a la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), al Fondo Nacional del Arroz (FNA) y al contingente arancelario COL-Rice, se identificaron hallazgos fiscales por $4.037 millones de la vigencia 2024.
La auditoría tuvo como propósito evaluar la gestión fiscal del administrador del fondo, con el fin de emitir un concepto sobre el cumplimiento del contrato de administración y de la normatividad aplicable al recaudo, inversión, control y manejo contable y presupuestal de los recursos parafiscales provenientes de la cuota de fomento arrocero durante el periodo auditado.
Uso de recursos públicos en bienes privados
Según la Contraloría, el presunto daño patrimonial con alcance fiscal y disciplinario se originó en la ejecución de obras civiles financiadas con recursos del contingente arancelario COL-Rice. Estos dineros fueron utilizados para el mejoramiento y adecuaciones de la planta de almacenamiento, secado y trilla de arroz ubicada en el centro poblado de Valencia, en el municipio de Valledupar, Cesar, infraestructura que es propiedad de Fedearroz.
El ente de control señaló que estos recursos tienen carácter público, dado que se “se originan en una disposición legal, provienen de las subastas de arroz y son administrados por la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz”. No obstante, al ser invertidos en bienes pertenecientes a una entidad privada, se desvirtúa su naturaleza jurídica y se contravienen los principios de destinación específica y legalidad que rigen el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con la Contraloría, esta situación habría generado “un incremento injustificado del patrimonio en favor de un particular con recursos de origen público, lo cual está expresamente prohibido de acuerdo con el desarrollo legal y jurisprudencia”.
Pólizas y otros hallazgos administrativos
Durante la auditoría también se identificó un beneficio del proceso auditor relacionado con la revisión de los contratos 16 y 18 de 2024, en los cuales se evidenció inicialmente la ausencia de actualización o refrendación de las pólizas exigidas contractualmente. Estas garantías debían ser ajustadas debido a suspensiones superiores a 90 días durante la ejecución contractual.