Juez da sentido de fallo a ex concejales de Yopal por violencia contra servidor público

El juez tercero penal del circuito de Yopal dio el sentido del fallo, contra 6 ex concejales de este municipio, que  según las denuncias de sus ex compañeros Luz Amparo Sanabria y Cristobal Torres, los intimidaron  para que grabaran un video donde se auto incriminaban, de supuestas irregularidades, al votar un proyecto de acuerdo a la alcaldesa de la época Lilian Fernanda Salcedo.

Los hechos se remontan a los años 2009 y 2010 cuando  Cristobal Torres y Luz Amparo Sanabria, demandaron a  Oromairo Avella Ballesteros, José Reinaldo Pérez, Alejandro Barragán Unda , Rafael Castro, Rafael González , German Orozco y Luis Carlos Pérez ya fallecido.

La demanda estaba impetrada por más de cinco delitos entre los que se encontraban secuestro y constreñimiento, pero al final el juez solo determinó que hubo el delito de violencia en contra de servidor público.

El video de los ex concejales, Amparo Sanabria y Cristobal Torres, fue publicado en youtube y  se vio por varios meses.

Luego se produjo la demanda y el tema se ha visto por más de 8 años en aplazamientos, por diferentes circunstancias y solo hasta este 18 de octubre se volvió a tocar con la decisión del juez, al concluir la etapa de alegatos.

Los demandantes señalan que recibieron presión psicológica y física para editar la publicación, hechos que fueron justificables para el juez.

Ahora con el sentido del fallo condenatorio, se fijó fecha para la lectura del fallo en primera instancia.

Esta fecha es el  próximo 12 de diciembre se dará la lectura del fallo contra los implicados en el caso y se conocerá la pena que se impondrá.

Esta claro que pese al tiempo que lleva el caso, el eventual fallo condenatorio puede apelarse  y aún no se define.

Según información entregada  a El Relator del llano, por el abogado Miguel Cely  Los ex concejales , luego de procesos disciplinarios en la procuraduría  en primera y segunda instancia, recibieron la sanción de perder derechos políticos durante 18 años.

Ellos trataron de pedir la nulidad ante el Contencioso Administrativo, pero este negó dicha solicitud.

Por ahora, la Fiscalía solicitó una pena entre los 4 a 8 años de prisión, decisión que se conocerá en diciembre cuando el Juez de lectura del fallo condenatorio.