170 familias víctimas de la violencia, fueron traídas al municipio de Monterrey, por el gobierno nacional atendiendo, el cumplimiento de los acuerdos de paz, con las extintas Farc.
Carmen Ibarra, delegada departamental de víctimas, explicó que dicha llegada de casi 500 personas, se dio en Monterrey, en un hecho que ha causado desconcierto, entre las víctimas de Casanare.
Estas familias, están ubicadas en una finca, que entregó la Sociedad de activos especiales, a través de la Agencia nacional de Tierras.
Igualmente en Maní, se trajeron, 46 familias, unas 170 personas, en una finca donde se sembraba arroz.
Señala la vocera de la víctimas de la violencia, en Casanare, que ahora es el mismo estado que las desplaza a una cultura totalmente diferente.
Cree que estas familias, vuelven a ser victimizadas, porque llegan sin ningún tipo de garantías: “ No tienen proyectos productivos, no les pacelaron el predio y este terreno se inunda”, asegura Ibarra.
Ibarra explicó que se trata de personas que provienen del departamento, de Sucre, que no tienen arraigo en la zona.
El tema lo planteó en la reciente audiencia del congreso de la república con un grupo de las víctimas de la violencia en Casanare, se reunieron , en la Triada, para abordar la problemática que en esta materia se afronta en Casanare.
Lamentó que las víctimas del departamento, no hayan tenido mayores ayudas del gobierno, especialmente en la asignación de tierras, propias, no en arriendo como ocurre actualmente.