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Enredo jurídico por bloque C de Ciudadela Universitaria de Casanare

Gobierno departamental no puede enajenar este predio a Unitrópico

El bloque c de la ciudadela Universitaria de Casanare, presenta un enredo jurídico, por lo cual la gobernación no puede enajenar el predio a Unitrópico, aseguró el diputado Jorge Eduardo García, ponente de un proyecto de ordenanza, que aprobó, la Asamblea, para autorizar al gobernador Salomón Sanabria, para enajenar las instalaciones de la ciudadela, al centro académico casanareño.

Esta ordenanza, también incluye, entre los bienes a enajenar, gratuitamente, la Granja El Remanso.

El señor García explicó que el tema se tramita en el Tribunal administrativo de Casanare y corresponde a una ley que obliga a que se construya un instituto del petróleo, en el departamento, para lo cual se había donado un predio, precisamente, en la Ciudadela Universitaria de Casanare, que hoy ocupa Unitrópico.

El Tribunal, había dispuesto en fallo de primera instancia, que la construcción, la debe hacer la gobernación, pero esta presentó una acción de cumplimiento, para que la haga Ecopetrol.

Esta situación se afronta, porque la justicia administrativa, lleva ya el caso y solo hasta que se resuelva esta acción legal, se puede definir, que ocurrirá, con el Instituto del Petróleo.

El diputado Jorge Eduardo García, considera, que lo importante, es que, se resuelva favorablemente, para los estudiantes de Unitrópico, la utilización de este bloque.

Por esto se propuso el desenglobe de este predio, sin que se haga una separación física, pero si la separación jurídica, para que luego se pueda hacer convenios, para la construcción del Instituto del petróleo, que una ley obligó a que se sacara adelante.

 

Que el instituto se ponga al servicio de la comunidad, teniendo convenios de Unitrópico, con la gobernación o Ecopetrol y se evite todo ese entramado jurídico, que impide que se pueda disponer fácilmente de dicho predio.

 

Jorge García, criticó el hecho de que el gobierno departamental, supedite al primer fallo del Tribunal Administrativo de Casanare, para que, de luces, de que se debe hacer en esta situación.

Sostuvo que ese activismo judicial, deslegitima, el sistema democrático colombiano.

La ley del Instituto del petróleo, viene del año 1997, pero hasta el momento, no se ha colocado, la primera piedra, para esta obra.

 

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