Por primera vez en el departamento del Casanare se dieron cita las principales autoridades nacionales en materia de extinción de dominio, democratización de activos y restitución de tierras, en el marco de una audiencia pública promovida por la senadora Sonia Bernal y aprobada por el Senado de la República.
La jornada fue encabezada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y contó con la participación de representantes de la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), además de organizaciones campesinas de la región.
Bienes que Transforman: convocatoria pública y alcance
El director de Proyectos de la SAE, Jairo Andrés Rivera Henker, presentó el programa Bienes que Transforman, destacando que el 85% de los activos en la entidad se encuentran en proceso de extinción de dominio.
“Este proyecto está diseñado para entidades sin ánimo de lucro que cumplan con ciertos requisitos. La información y los formularios están disponibles en la página web de la SAE”, explicó.
Además, añadió que “cualquier activo no es para cualquier organización sino que tiene que haber una correspondencia entre las capacidades organizativas y las capacidades técnicas de lo que viene realizando la organización y el proyecto de quien quiere realizarlo”.
Juliana Cardona Giraldo, de la Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Rurales de la SAE, presentó por primera vez un informe sobre la situación de los predios rurales en Arauca, Meta, Casanare y Vichada. En su intervención advirtió que “la ANT no pide recursos, pagos ni inscripciones para acceder a bienes o servicios. Eso es ilegal. Ninguna persona debe realizar desembolsos porque serán víctimas de fraude”.
Llamados de la Procuraduría y denuncias de las comunidades
La Procuradora delegada para la Restitución de Tierras, Tania Guzmán Pardo, anunció acciones de seguimiento a casos denunciados, la creación de una mesa técnica para evaluar políticas de reforma agraria y la importancia de que la ciudadanía sepa a qué entidad acudir en cada caso.
En medio del encuentro, las comunidades campesinas denunciaron irregularidades en la administración del predio Tamarindo en la vereda Palo Solo, municipio de Aguazul, antes propiedad de Víctor Carranza. Según los testimonios, el inmueble habría sido entregado a terceros por la SAE, generando intimidaciones, amenazas y nuevos despojos.
La senadora Sonia Bernal, promotora de la audiencia, transmitió el clamor de los afectados y dijo que “ese predio fue entregado a manos injustas y hoy las comunidades sufren revictimización. Denunciamos aquí ante la Defensoría y la Procuraduría para que se tomen medidas inmediatas”.
Compromisos institucionales
La Líder Jurídico de la ANT, Ángela Pinto, anunció que la próxima semana se instalarán mesas de trabajo con asociaciones y organizaciones sociales para garantizar su acceso a la convocatoria de Bienes que Transforman. Reiteró que todos los trámites de la ANT son gratuitos y que la entidad está en disposición de acompañar y verificar cada solicitud.
Por su parte, Betty Moreno, delegada de la Defensoría del Pueblo para los Derechos de las Víctimas, enfatizó que la Defensoría será garante de la transparencia en el proceso. “Pedimos a la SAE y la ANT celeridad en las respuestas y claridad en las rutas de acceso, eliminando cuellos de botella y la acción de intermediarios que perjudican a la comunidad”, señaló.
El Procurador Regional de Instrucción de Casanare, Juan Pablo Rincón Camacho, agregó que se realizarán mesas técnicas de seguimiento a los trámites radicados ante la SAE. También subrayó la necesidad de avanzar en la restitución de tierras para víctimas del Casanare y se comprometió a “reescalar” denuncias que no han recibido atención suficiente de la Unidad Nacional de Protección.