Colombia pasó al banquillo y se rajó en derechos humanos, según reveló un reciente informe de 500 organizaciones que evaluaron al país en esa materia. El documento se adelantó al examen que, por tercera vez, hará el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado colombiano. El organismo examinará el 10 de mayo, en Ginebra, los avances o retrocesos en derechos humanos. (Lea aquí: 440 personas LGBT fueron asesinadas en tres años: Colombia se rajó en DD.HH.)
Según las organizaciones autoras del estudio, uno de los aspectos que deja mal parado al Estado es la violencia que ha azotado particularmente a las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans. De acuerdo con Colombia Diversa, entre 2013 y 2016 fueron asesinadas 440 personas LGBT, y al menos 148 corresponden a homicidios motivados por el prejuicio, es decir, que fueron asesinadas por su orientación sexual o identidad de género. (Lea aquí: “No mató a una mujer, mató a una familia”: familia de trans asesinada)
Y pese a que desde 2015 la Fiscalía tiene fiscales destacados para asuntos LGBT, la mayoría de investigaciones por homicidios contra miembros de esta población no presenta avances significativos hacia la identificación y sanción de los responsables. “Del total de homicidios ocurridos entre 2013 y 2016, se tiene información sobre 347 procesos penales. La mayoría (211) continúa en etapa de indagación preliminar, incluso después de varios años de ocurrido el crimen. Pocas investigaciones avanzan a etapa de juicio (32) y han sido más los casos que terminan con el archivo de las investigaciones (37) que los que terminan con la condena de los responsables (27)”, afirma Colombia Diversa.
La violencia policial es otra de las constantes para las personas LGBT. Entre 2013 y 2016 se registraron 365 hechos, entre los que se encuentran agresiones físicas, actos de tortura e incluso dos ejecuciones extrajudiciales. Las mujeres trans, en especial las trabajadoras sexuales, son las que más sufren esta violencia en la calle. De las 31 quejas reportadas, 12 fueron archivadas.
El Espectador cuenta a continuación cuatro historias de estas violencias contra personas LGBT. Los casos son representados por la organización Caribe Afirmativo.
A Deivy Murillo lo intentó matar un uniformado
Los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2013 en Zambrano, Bolívar. El supuesto agresor, miembro de la Fuerza Pública, lo apuñaleó en repetidas ocasiones porque se negó a tener relaciones sexuales con él en un lugar apartado. El victimario lo atacó empleando arma cortopunzante y las heridas le quitaron la capacidad de caminar. La orden de captura se emitió el 20 de octubre de 2015, pero el sujeto está prófugo.
Según información consignada en la denuncia penal, el presunto autor del delito hacía parte de una banda criminal que se autodenominaba como “Las Cobras” y, junto a otros sujetos, ya había cometido varios delitos en el municipio y la comunidad les tiene miedo.
Las amenazas contra Omar Mesa
El líder de derechos humanos ha recibido constantes amenazas en la que se le advierte “dejar de hacer lo que está haciendo” o prepararse a ser asesinado. Mesa solo puede movilizarse de su casa al lugar de trabajo y en varias ocasiones ha sido interceptado con el solo propósito de amenazarlo e infundir temor en sus actividades. Actualmente ejerce un liderazgo importante por medio de Casa de Paz de Caribe Afirmativo, y se le ha solicitado medidas de protección.
El proceso está en etapa indagatoria sin señales todavía de algún progreso investigativo. Por el contrario, han ocurrido varios periodos de “ausencia de fiscal designado” pasado el trabajo de un despacho a otro, cargando a la víctima sobre la labor investigativa. Entre 2013 y 2016, se registraron 151 amenazas contra personas LGBT.
Hostigamiento contra Jessica
La mujer trans presentó una acción de tutela contra la Policía en Barranquilla porque la hostiga en el espacio público donde ejerce el trabajo sexual. En 2013, la Corte Constitución le dio la razón y ordenó a los uniformados abstenerse de retirarla de los alrededores del coliseo cubierto, “a menos que concurran objetivas razones orientadas a preservar la moralidad, la seguridad, la salubridad y el orden público en el sector”.
Pese a esta decisión del alto tribunal, en enero de 2017, la Policía le prohibió transitar por la Plaza de la Paz. Una semana después le realizaron una requisa y le exigieron la cédula de ciudadanía. Al día siguiente, los uniformados le prohibieron estar en el parque de la biblioteca departamental. Por estos hechos, la víctima interpuso una acción de desacato en contra de la Policía.
Dos años sin Oriana
El 17 de agosto de 2016 fue asesinada Oriana Martínez, líder trans de Sincelejo. Dreiler de Jesús Arias Martínez, presunto autor del homicidio, fue capturado el 18 de noviembre de 2016, pero quedó en libertad en julio de 2017 por vencimiento de términos. (En video: la historia de Oriana Martínez)
El cuerpo de la víctima fue hallado en el cuarto en el que se hospedaba en La Guajira con heridas profundas causadas por arma cortopunzante. Al parecer, Oriana estaba departiendo junto con otras amistades y el presunto sindicado. En la madrugada, ambos fueron al hotel y en este sitio se presume que el hombre atentó contra la vida de la víctima con el propósito de hurtarle sus pertenencias.
Su mamá, Mirlena Otero (quien aparece en la foto de arriba), exige justicia para el caso de su hija.