***Juan Carlos Niño Niño
Lo aclaro de una vez y para evitar más especulaciones: Abelardo de la Espriella no es el primer Presidente de la República que se posesiona fuera de Bogotá, y de ninguna manera se puede ver como una transgresión a la institucionalidad, sino al contrario una apertura a la descentralización, o si se quiere un paso en firme a la gobernanza desde la territorialidad, aún más cuando “La patria milagro” tendría sedes de gobierno en Barranquilla, Cali y Medellín.
Un documental en la transmisión de la posesión del nuevo mandatario el 7 de agosto en la Arena Universidad de Santiago de Cali (USC) –producido por primera vez en el Canal RCN y no por RTVC- expuso que en 1854 el Presidente Tomás Herrera asumió el poder en Chocontá (Cundinamarca), y posteriormente ejerce su gobierno en Ibagué (Tolima); en 1861 el mandatario Juan José Nieto toma las riendas del poder en Barranquilla, y el más curioso a finales de Siglo fue en el cuarto mandato del “Regenerador” Rafael Núñez, quien ejerce desde su casa en Cartagena de Indias, y gobierna “a punta” de telégrafo con Bogotá, en donde lo secundaba su leal vicepresidente Miguel Antonio Caro.
La tremenda polémica de la oposición –encabezada por el Pacto Histórico, que de manera oportunista ha iniciado con cuestionarle todo al Gobierno- se resuelve con una hojeada a varios artículos de la Constitución Política, en donde el asunto no es ni siquiera la posesión del Presidente, porque esto es inherente a las funciones del Congreso (Artículo 192), sino más bien donde debe y puede legislar el mismo, y por lo tanto ejercer las funciones señaladas en la Constitución, a lo que el Artículo 142 es claro cuando señala que “el Congreso tiene su sede en la capital de la República”, pero “las cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado”.
En otras palabras, la Constitución entrega las herramientas para descentralizar las sesiones del Congreso, porque de ninguna manera restringe la sede ni con esta sus funciones constituyente, legislativa y de control político, lo que se convierte en un invaluable legado de la Constituyente, para que a partir de la posesión del Presidente de la Espriella, se podría adelantar en cualquier parte del País la discusión y aprobación del entrante Plan Nacional de Desarrollo, en donde las Comisiones Económicas le den primer debate en la ciudad de Riohacha, mientras que el segundo debate lo adelantaría cada una de las Cámaras en ciudades distintas, mientras que el Informe de Conciliación se aprobaría finalmente en Bogotá, convirtiéndose entonces en un trámite legislativo incluyente, participativo, en donde el Plan de Desarrollo se delimitaría con las condiciones diferenciales y específicas de cada región.
La idea no es nueva ni es la primera vez que se implementa, porque el Presidente Iván Duque autoriza en plena pandemia al Congreso sesionar de manera virtual (Decreto 491 de 2020), pero que cuestiona de manera vehemente la entonces Representante del Pacto Histórico María José Pizarro –más por oportunismo que por convicción- argumentando que la sede constitucional del legislativo era Bogotá, por lo que exigía que los Congresistas asistieran de manera presencial –no virtual- aun con los riesgos del letal y temido Coronavirus, para incurrir en la casi cómica solicitud de “morir en el cumplimiento del deber”, pero que a la hora de la verdad ni sus mismos compañeros de bancada “le cogieron la flota”, y terminaron sesionado a cientos de kilómetros del Capitolio Nacional, apareciendo en el tímido y pequeño recuadro de la “teleconferencia”.
Las sesiones virtuales fueron todo un éxito, porque se logró sacar adelante todo el cúmulo de proyectos de dos (2) legislaturas, hasta tal punto que el Congreso expide cuatro (4) años después la Ley 2390 de 2024, con el fin de autorizar las sesiones mixtas –virtuales y presenciales- pero que aún necesitan más reformas para que sean autorizadas sin ninguna restricción y no responda solo a casos excepcionales, teniendo en cuenta los límites y condiciones que ha puesto de manera razonable la Corte Constitucional, pero que a juicio de este Columnista es un tema totalmente dinámico y no puede permanecer por mucho tiempo con ese tipo de criterios y restricciones.
Es interesante como se desarrolla de manera normal y sin contratiempos, el Congreso Pleno para posesionar al Presidente de la Espriella en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), en donde el Presidente del Senado Honorio Henríquez da inicio a la sesión y pide al Secretario General de cada Cámara hacer el respectivo llamado a lista, con el fin de verificar el quórum y aprobar el orden de día, dentro de una fluidez casi idéntica o mejor que cualquier sesión en el Capitolio Nacional, como también la imposición de la banda presidencial al mandatario y éste tomando el juramento al ahora Vicepresidente José Manuel Restrepo, en donde se siente una energía más expectante y entusiasta que en una fría sesión del Salón Elíptico, y esto anótese seguramente a nuestro entrañable y festivo “Cali Pachanguero”.
Coletilla: La sesión se ha desarrollo con tal normalidad, que no pasó nada cuando el Presidente de la Espriella abandona el recinto y se dirige a leer su discurso presidencial en el Batallón Pichincha, en donde el mandatario expresa lo que es un consenso entre los colombianos:
La necesidad de reactivar la más grande empresa del País: ECOPETROL, en donde el Presidente mencionó algo elemental pero que no se le había ocurrido a esta Columnista: el desplome de la utilidades de Ecopetrol, que pasaron infortunadamente de 33,4 a 9 billones de pesos –por las teorías pseudoambientalistas del Expresidente Gustavo Petro- ocasionó pérdidas a más de 700 mil colombianos que –hace 20 años- compraron entusiastas con sus ahorros las famosas acciones de Ecopetrol.
Y no menos importante la solicitud del Presidente Honorio Henríquez al ahora primer mandatario de los colombianos, sobre la importancia de adelantar conjuntamente –entre Gobierno y Congreso- una agenda legislativa sobre una nueva ley de competencias y la reglamentación del Sistema General de Participaciones (Acto Legislativo 03 de 2024), la reforma tributaria –que anunció de la Espriella para el mes de septiembre- y también la discusión del Presupuesto General de la Nación para el año entrante, y que como lo advertí en la anterior Columna Dominical, va a requerir que este proyecto de ley sea devuelto al Gobierno, para ajustar el desfase financiero de la anterior administración.
*** Magíster en Gobierno del Territorio y Gestión Pública,
Pontificia Universidad Javeriana.