El Tribunal administrativo de Casanare, falló a favor de la diputada del Centro Democrático, Maricela Duarte Rodríguez, en el caso de una demanda, instaurada por supuestamente violar normas legales al votar en la elección de la secretaria general de la Asamblea, por Katerine Salinas, que presuntamente tenía nexos con Duarte Rodríguez.
El fallo tiene ponencia del magistrado Leonardo Galeano Guevara y tiene fecha del 1 de mayo del 2025.
El caso de la demanda instaurada por el abogado Nay Epimenio González Cely, en contra de la actual diputada del Centro Democrático, Maricela Duarte Rodríguez, esposa del actual senador de la república, Josué Alirio Barrera, dejó inquietudes, sobre el futuro de la ex candidata a la gobernación que obtuvo más de 80 mil votos, en las pasadas elecciones, que llevaron a César Ortiz Zorro, al gobierno departamental.
Por este hecho se presentó una recusación, en la plenaria y en la cual la diputada Duarte participó, votando negativamente dicha acción.
Según el presidente de la época de la Asamblea Heider Alexander Silva, votó dos veces su propia recusación y de esta manera pudo votar, para completar los votos, para que se eligiera al economista Wilmar Alonso Vega, incitada por la mesa directiva, para que lo hiciera.
El economista Wilmer Alonso Vega logró imponerse en una votación ajustada, obteniendo 5 votos a su favor que le permitieron alcanzar la Secretaría General de la corporación.
El proceso de elección del actual secretario de la duma, tuvo muchos tires y aflojes, como es usual en este tipo de votaciones, en los cuales, se escojan profesionales para estos cargos.
Ahora se conoce el fallo del Tribunal Administrativo de Casanare, de primera instancia en el cual decide denegar las pretensiones del demandante, por considerar que la diputada, no actuó con dolo y que su decisión fue inducida, por la errada interpretación del reglamento, interno de la corporación seccional, por parte del presidente de la Asamblea, en su momento, Heider Alexander Silva, quien permitió expresamente su votación.
El Tribunal valoró la falta de experiencia, su bajo nivel de formación académica y la ausencia de antecedentes en este tipo de procedimientos.
La diputada actuó convencida de que no estaba incurriendo en una falta y fue el contexto institucional el que generó el error y que el procedimiento fue viciado desde la Presidencia de la Duma y no puede exigirse responsabilidad objetiva en un juicio que tiene carácter sancionatorio.