El incremento en la tarifa del peaje San Pedro, en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), generó una creciente inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía hacia Monterrey y Yopal, quienes aseguran no haber recibido información previa sobre un aumento que, en algunos casos, supera el 60 % frente al valor que se venía cobrando.
Desde la comunidad, uno de los principales reclamos es el impacto económico inmediato del nuevo cobro. Transportadores de carga, taxistas y residentes de municipios cercanos señalaron que, al sumar varios peajes en la ruta, un viaje de ida y regreso puede representar entre 60.000 y 120.000 pesos, un costo que consideran difícil de asumir de manera recurrente para actividades laborales y comerciales.
Frente a estas preocupaciones, la concesión Covioriente y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicaron que el ajuste tarifario está directamente relacionado con la entrega de la Unidad Funcional número 4 del proyecto vial Villavicencio–Yopal, comprendida entre Villanueva y Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025. Según las entidades, este incremento no corresponde a un aumento anual ordinario, sino a un ajuste excepcional habilitado contractualmente tras la recepción del tramo.
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro estaban definidas desde 2015 en la Resolución 1070 de ese año, que hace parte del esquema financiero del contrato de concesión. Sin embargo, estos valores no se habían aplicado porque la unidad funcional no había sido entregada en los plazos inicialmente previstos. Con su recepción, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el aumento registrado este año.
Covioriente añadió que este ajuste se realiza una única vez y que, a partir de ahora, los incrementos futuros estarán limitados a los aumentos anuales regulares con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los cuales se aplican cada 16 de enero, conforme a la normativa vigente.
A pesar de esta explicación, durante la reunión con la comunidad se reiteraron cuestionamientos sobre el estado de la vía. Varios asistentes señalaron que el peaje empezó a cobrar la tarifa plena cuando, a su juicio, aún existen obras pendientes, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad.
Desde la ANI se respondió que la recepción de la unidad funcional no exige que todas las obras solicitadas posteriormente por la comunidad estén finalizadas, ya que algunas se encuentran por fuera del contrato inicial o corresponden a modificaciones introducidas con posterioridad. Según la entidad, estas situaciones no impiden la entrega formal del tramo ni la aplicación de la tarifa establecida, aunque reconocieron que existen intervenciones en proceso de programación y socialización.
Otro de los puntos que concentró la discusión fue el acceso a las tarifas preferenciales. La comunidad manifestó que, aunque este mecanismo está contemplado para mitigar el impacto del peaje en los residentes de la zona de influencia, en la práctica el trámite resulta complejo, con demoras en la entrega de los dispositivos electrónicos y requisitos que, según los usuarios, dejan por fuera a transportadores de carga y a personas que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este escenario, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, planteó que el debate debe centrarse en la modificación de la resolución que regula las tarifas preferenciales, con el fin de flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Agua Clara y Monterrey.
La propuesta fue bien recibida por la delegada de la ANI, quien manifestó disposición para trabajar en una modificación normativa y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte. No obstante, aclaró que mientras no se produzcan cambios en la resolución vigente, la concesión debe continuar aplicando las tarifas y condiciones actualmente establecidas.
Como resultado del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento integrado por comunidad y autoridades, el inicio de un trabajo articulado para proponer ajustes a la resolución que regula las tarifas preferenciales, por su parte, Covioriente manifestó que los cobros seguirán bajo el marco legal vigente. La comunidad anunció que mantendrá la presión social a través de manifestaciones pacíficas, a la espera de avances concretos que reduzcan el impacto del peaje sobre los usuarios frecuentes de la vía.