El abogado Luis Arturo Ramírez, promotor de la consulta popular antipetrolera en Cumaral Meta  y que tumbó la Corte constitucional en fallo reciente, a una tutela, calificó de político el fallo y carente de todo argumento legal.

Ramírez, expresó a El Relator del Llano, que  no es cierto que se acaben las consultas populares  sobre petróleo en el país, se cayó fue solo la de Cumaral.

Recordó el profesional tauramenero que este es un fallo de revisión de tutela no es de control de constitucionalidad.

Explicó que no todas las consultas podrán ser controvertidas, en la Corte Constitucional, con revisión de tutelas.

Agregó que en esta decisión de la Corte solamente da unas directrices, que un juez de la república a su criterio dirá, si las acepta o no.

Luis Arturo Ramírez ratificó que se pueden seguir haciendo consultas populares, para decidir si en territorio de un municipio se efectúa exploración o explotación petrolera.

Ramírez insistió en que este es no es un fallo en derecho constitucional, sino es político.

Sostiene que  la publicación de la Corte no tiene asidero legal, en el que se diga que existe algún argumento jurídico, sino por un interés económico, del gobierno nacional  y las empresas petroleras.

Decisión de la Corte Constitucional en el caso de Cumaral

Como se conoce la  Corte Constitucional tumbó la consulta popular que llevaron a cabo los habitantes del municipio de Cumaral, Meta, en junio de 2016, cuando se iba a adelantar un proyecto de exploración de hidrocarburos por parte de la empresa Mansarovar Energy.

La consulta liderada por la Alcaldía de Cumaral que en marzo de 2017 tuvo la bendición  del Tribunal Administrativo del Meta y finalmente la población voto por el NO.

Después de la decisión de la población, Mansarovar Energy presentó una acción de tutela y la Corte con ponencia de la Magistrada, Cristina Pardo le estaría dando la razón a la multinacional, pues explica que la Consulta no puede  desconocer la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales de todos los colombianos, en cabeza del Estado.

 

Agrega que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación de hidrocarburos.

Para la Magistrada Pardo, dicha decisión debe acordarse armónicamente entre las partes, situación que no ocurre en Cumaral, porque mientras la población dice no,  el sector de los hidrocarburos y el Estado están en contra.

Por eso también le pide al Congreso de la Republica que reglamente esas consultas.

Fuente: W- radio