Muy polémico, resultó el anuncio de funcionarias de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios de que comenzaba el proceso de conclusión de la intervención de la empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal en reciente rueda de prensa cumplida en el salón de conferencias del cuerpo de bomberos voluntarios, local.

La Superintendente Delegada (e) para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Liliana García y la Directora de Entidades Intervenidas, Lucía Hernández, afirmaron que los habitantes de la capital del departamento de Casanare cuentan con un servicio de agua con la cobertura, continuidad y calidad que se merecen y que contempla la normatividad vigente y que por lo tanto se comenzaba con el proceso de suspensión de dicha intervención, ya que se habían superado las causales de dicha intervención.

Le intervención está desde el 3 de mayo del 2013, luego del colapso de la planta de tratamiento de agua potable que ha traído, tantos problemas a  la capital del departamento, con unas inversiones muy cuantiosas, todavía, no se ha logrado suplir dicha planta, por una de las dimensiones que tenía la colapsada.

Las funcionarias afirmaron que los habitantes de Yopal reciben hoy un servicio con la cobertura, continuidad y calidad que se merecen y que contempla la normatividad vigente. “La intervención obedeció a las deficiencias en calidad del agua suministrada en red de distribución, continuidad en la prestación del servicio, así como el incumplimiento en la normatividad y en el cargue de la información al SUI, situaciones que ya fueron superadas por la empresa”, informaron.

Las funcionarias afirmaron que con las estrategias que se adoptaron en el marco del proceso de intervención, se logró superar los problemas de continuidad y calidad del agua que se  habían presentado.

Estas apreciaciones son positivas, pero la controversia surge, cuando  las citadas funcionarias, hacen las revelaciones  de que el levantamiento de la intervención se da  en un plazo de tres años, pero que se puede hacer efectiva, solo con la firma de unos documentos, al finalizar el 2018.

La información la da Lucía Hernández, Directora de Entidades Intervenidas, quien afirma que  una vez superadas las causales de intervención se iniciarán las acciones para la terminación del proceso de toma de posesión.

“Debemos concretar un esquema para que los recursos del recaudo de la compañía se destinen a la inversión que requiere la empresa y que pagan los usuarios, así como al pago de la deuda que la empresa tiene con el Fondo Empresarial de la Superintendencia luego de que éste la asumiera frente al contratista de la planta alterna, ante la imposibilidad financiera que tenía la empresa para hacerlo, agregó.

Además, indicó que la Superintendencia espera firmar un Acuerdo de Gestión con la EAAAY para hacer seguimiento permanente a los indicadores de calidad, operativos y financieros para mantener su viabilidad.

Estas apreciaciones generaron las reacciones de veedores, voceros del sindicato y hasta del propio alcalde René Leonardo Puentes.

Estas condiciones exigen  que los recursos que se capten por tarifas,sean manejados en unas fiducias, que paguen primero la deuda con el fondo empresarial de la  Superintendencia y que alcanza los 1800 millones de pesos.

Dicen los críticos, que la empresa se entregó sin deudas y que ahora se recibe con una carga millonaria.

La gerente de la empresa Luz Amanda Camacho, dice que la empresa debe esa suma,  pero entre la gobernación y la alcaldía, le deben mas de 6 mil millones, que no quieren pagar.

Insiste Luz Amanda Camacho que las fiducias son una cuestión de ley que no se puede evadir.