Henry William Torres Escalante se convirtió en el primer general de la reserva activa que se somete a la Jurisdicción Especial de Paz. Este martes durante una audiencia pública el uniformado ratificó su voluntad de acogerse a la justicia de paz.

Se trata del primer oficial de su rango al que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le adelanta el proceso. El exoficial no solo reconoció el acta de sometimiento que fue suscrita en su momento ante la Secretaría Ejecutiva sino que también informó sobre los procesos que se han adelantado o se adelantan en su contra.

Torres Escalante es acusado de homicidio en persona protegida por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos campesinos identificados como Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas. Ambos fueron acribillados en marzo de 2007 en la finca El Trinfo en Aguazul, Casanare, y luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

Durante la diligencia, el sometido manifestó que “está en la JEP porque considera que en la justicia ordinaria no hay las garantías necesarias para defender. Reglón seguido, el exgeneral declaró que se apegará a decir la verdad pero, agregó, eso no significa necesariamente reconocer responsabilidades.

“Ni di órdenes, ni ordené ninguna muerte”, dijo Torres Escalante durante su intervención. Los hechos, “fueron cometidos por la Brigada que dirigía sin que yo tuviera conocimiento. Por eso, quiero pedir perdón a las víctimas por los daños causados y con la esperanza de que esto no vuelva a suceder”.

La comparecencia del exgeneral Torres Escalante revive la discusión alrededor de la responsabilidad de mando. Por ahora se sabe que la Corte constitucional avaló el artículo el artículo 24 en el que se establece que “la determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción (…) sino en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, o después de la realización” de la misma.

Falta ver que precisiones termina de hacer la Corte Constitucional cuando emita el fallo. Lo cierto, sin embargo, es que esta lectura es contraria a la postura que tiene la fiscal de la CPI sobre el tema y para quien  los jefes y otros mandos superiores son penalmente responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados si sabían, o tenían razones para saber, que éstos iban a cometer o estaban cometiendo crímenes, y no tomaron todas las medidas razonables y necesarias a su alcance para evitar que se cometieran o, si ya se habían cometido, para castigar a los responsables.

Fuente : Revista Semana